El cliente fue víctima de una estafa relacionada con criptomonedas tras interactuar con un desconocido en un servicio de mensajería. Esta persona ofreció una inversión prometiendo altas ganancias, pero posteriormente solicitó el pago de impuestos para liberar esas ganancias. El cliente perdió aproximadamente un cuarto de millón de pesos y realizó la transferencia a través de un CBU, manteniendo toda la documentación y conversacion relevante. El cliente busca asesoramiento sobre cómo proceder tras la estafa.

Se plantea una solicitud de aumento de la cuota alimentaria en base a una resolución judicial previa. El beneficiario presenta problemas de salud que requieren atención, y el solicitante es la única responsable de su cuidado, ya que el progenitor no mantiene un régimen de comunicación. Se espera justificar el aumento a partir de dichas circunstancias, en un Juzgado de Familia en San Miguel de Tucumán.

El caso involucra a un trabajador que desempeñó sus funciones en una empresa durante 2 años y 3 meses, desde marzo de 2021 hasta junio de 2023, pero que fue contratado en negro. Alega que no recibió el monto correspondiente por indemnización al momento de dejar la empresa, ya que solo se le pagaron $1.400.000 en total, mientras que estima que le corresponden entre 3 y 4 sueldos por año, dado un ingreso de $750.000 mensuales. Busca iniciar una demanda formal tras no obtener respuestas satisfactorias de la empresa.

Una persona con la que se mantenía una relación de amistad prestó dinero en un contexto de emergencia, y aunque el pago de las cuotas se realizó de forma regular, la relación se deterioró. Ante la falta de atención a sus llamadas, esta persona hostigó y calumnió a la afectada en un vivo de TikTok, donde se difundieron mensajes dañinos frente a un público amplio. La afectada ha realizado una denuncia y busca disculpas públicas y resarcimiento por los daños sufridos.

Un trabajador con 26 años de antigüedad fue despedido sin previa defensa, argumentando justa causa por involucrarse en una pelea con un compañero, aunque el trabajador sostiene que fue agredido y no deseaba pelear. La empresa le notificó del despido mediante un telegrama, y solo recibieron una liquidación final. El trabajador ha consultado con un abogado y el gremio, pero no logró revertir la decisión. Busca asesoramiento sobre sus derechos tras el despido.

Un individuo enfrenta una complicada situación legal tras ser separado de su ex pareja durante más de una década. La propiedad donde reside su ex y su hijo es de su propiedad, pero no tiene acceso y ha perdido el contacto con su hijo desde hace siete meses. Además, se ha enterado que hay otra persona viviendo en su propiedad. Busca recuperar su casa o establecer un acuerdo de división y un régimen de visitas con su hijo.

Un individuo se vio involucrado en una supuesta inversión en criptomonedas, donde se le solicitaba un pago semanal de entre 30 a 35 mil pesos, acumulando casi un millón de pesos en total. A medida que la inversión creció, se le solicitó un pago adicional de 500 dólares o 22 Etherium para liberar ganancias prometidas. No se le brindó información clara sobre el retorno de la inversión ni riesgos asociados, ni documentación pertinente. Se contacta solo por celular y no hay soporte disponible.

Un usuario se encuentra en una situación de incertidumbre con respecto a su inversión en una plataforma que prometió retornos a través de movimientos en el mercado de inversión europeo. A pesar de haber iniciado el proceso en junio, el usuario no ha recibido información específica sobre su inversión y ha intentado comunicarse sin éxito, recibiendo solo gráficos de movimientos sin claridad sobre cómo retirar sus ganancias ni cerrar la cuenta. Busca asistencia legal para recibir sus ganancias y resolver este problema.

El cliente enfrenta una situación de desalojo en su propiedad en Mendoza, donde ha presentado los trámites necesarios ante el Poder Judicial, incluyendo documentación legalizada. Tras varios meses de espera, aún no ha recibido la autorización del juez para proceder. El cliente expresa su frustración debido a la demora, el impacto emocional que ha tenido la situación y la necesidad de contar con un abogado que represente su interés y acelere el proceso. Busca asistencia legal para resolver su caso.

Una persona adquirió un celular a través de la tarjeta de crédito de otra, pagó la primera cuota y parte de la segunda, pero enfrenta dificultades económicas que le impiden continuar pagando. Ahora, le solicita a la prestadora que le reembolse las cuotas ya pagadas si ella se queda con el celular. Existe un registro de pagos pero la comunicación sobre el reembolso aún no se ha formalizado. El cliente busca que se reconozca el derecho al reembolso de las cuotas.

Un individuo se presentó en la municipalidad de Graneros en busca de empleo y fue abordado por la policía, quienes alegaron tener una orden de restricción sin mostrarla. Fue llevado a una comisaría donde, bajo amenazas, firmó un documento. A pesar de no haber cometido falta alguna, fue detenido por 24 horas, incomunicado y sin acceso a su medicación para la diabetes. No se realizó audiencia judicial y la causa fue cerrada sin su conocimiento. El afectado busca justicia y reconocimiento de su situación.

Un usuario enfrenta una deuda de 800 con la tarjeta de crédito Seconsud, la cual ha sido objeto de avisos de cobranza que incluyen cargos adicionales por intereses. Aunque ha intentado realizar pagos, le exigen el pago total de la deuda sin llegar a un acuerdo de pago. El cliente busca resolver esta situación con la entidad financiera.

La solicitante busca un aumento de la cuota de alimentos establecida para su hija de tres años, basándose en que el padre de la menor trabaja en negro y, a pesar de tener un ingreso significativo, solo aporta un 30% del vital y móvil. Se argumenta que el padre, dedicado a la reventa de mercadería, oculta sus verdaderos ingresos al registrar los bienes a nombre de terceros debido a su situación con la AFIP. La falta de documentación que respalde este ingreso supone un desafío, pero el aumento se justifica por los recientes gastos de la solicitante para el mantenimiento del hogar.

Una empleada municipal de salud fue puesta a disponibilidad desde 2021, sin razones claras, lo que ha afectado su situación laboral y económica. Ha presentado múltiples notas y expedientes en Recursos Humanos, pero no ha recibido respuestas. Además, ha enfrentado amenazas por parte del sindicato. Actualmente busca iniciar un juicio y obtener el pago de su indemnización.

Un solicitante de pensión se enfrenta a la detención de su trámite desde 2023, con la única respuesta de la entidad ANDIS que indica que se encuentra en evaluación. A pesar de haber presentado toda la documentación requerida, el solicitante no ha recibido avances ni noticias sobre su caso, lo que le genera una preocupación adicional debido a su falta de ingresos, ya que solo realiza trabajos esporádicos. Busca resolver la situación de su pensión.